Julieta tiene 31 años, tres niños y acaba de ser despedida de la casa de familia en la que trabajó los últimos cuatro años. Su empleadora también tiene tres niños y un trabajo que, según le explicó, ya no le convenía económicamente. Así que arregló hacer algunas cosas menores desde su casa y asumir ella la crianza de sus hijos y las tareas del hogar, en colaboración con su pareja.
Cuando se sentó a conversar con Julieta, la empleadora también le dijo que la iba a indemnizar –Julieta estaba en blanco–, pero que le diera margen para pagar en cuotas, porque no tiene los casi cinco sueldos que le corresponden.
Hay en estos días una revolución silenciosa en los hogares que emplean a personal doméstico. La razón es que de agosto a octubre se encareció 38,5 por ciento el servicio, más una cuota de aumento pendiente para enero, de 10 por ciento.
No es fácil asumir ese costo y no es fácil prescindir del personal doméstico, porque para el grueso de las familias es la única opción para poder salir a trabajar y, además, porque es caro indemnizar.
¿Qué está sucediendo entonces? No hay estadísticas oficiales al respecto, pero según cuentan las agencias de empleo y reconocen informalmente en el gremio, los hogares están tomando una serie de medidas, incluyendo la desvinculación.
Prescinden de personal de 48 horas a la semana para pasar a 24. El salario para el personal doméstico pasó de 3.220 pesos en agosto, más 135 de cargas sociales, a 3.864 pesos en octubre más 498 pesos, entre cargas sociales y ART.
Muchos están avisando que noviembre será el último mes, casi en coincidencia con el fin de las clases y de todas las actividades extras que hay en los hogares.
Para diciembre o marzo (si es que puedan arreglarse con los niños en el verano), buscarán organizarse familiarmente, para contratar personal sólo cuatro horas al día (24 a la semana), pero pagando lo que dice la ley: la mitad de lo que corresponde a las 48 horas semanales.
A precio de hoy son 1.932 pesos de salario y 498 de cargas sociales. En la cuenta de esa familia, son casi dos mil pesos menos. Además, las 48 horas suelen no cumplirse, porque corresponden a ocho de lunes a sábado. Se pueden redistribuir, pero nunca más de nueve por día. Entonces, muchos van nueve de lunes a viernes y no hacen las tres remanentes del sábado.
Reemplazan a personal de la “sexta categoría” por el nuevo régimen. Córdoba tenía un régimen especial, que se suprimió cuando se sancionó la Ley de Personal de Casas Particulares. Mientras que el resto del país pagaba por cuatro horas el 50 por ciento de por ocho, Córdoba pagaba el 83 por ciento de por ocho horas.
Cuando en septiembre de 2013 se eliminó el esquema cordobés y era inviable una reducción de sueldo, se acordó –a instancias del gremio– un híbrido de 2.400 pesos. Era una relación más baja que la existente, pero igual seguía en un equivalente al 74 por ciento de las ocho horas y no el 50 por ciento, como indica la ley.
Muchas familias ofrecen ahora pagar lo de ley a la trabajadora actual o prescinden de la actual y toman otra dispuesta a trabajar por ese monto, tarea nada fácil.
No dan nominalmente el aumento. El formulario 102 de Afip, que oficia como recibo de sueldo, tiene una categoría que indica “básico” y otra como “otros conceptos”.
Si el empleador paga más de lo que indica la ley, la recomendación es poner el monto del salario oficial en el básico, y lo extra, en otros conceptos. Ahora, muchos consideran que el aumento del 20 por ciento “estaba dado” y lo pasan del extra al básico. En la práctica, implica no darle un aumento a la trabajadora y acercarse más al sueldo oficial, sin extras.
Dejan de pagar la obra social y los cospeles. El pago de la obra social, hasta agosto de 100 pesos, le corresponde a la trabajadora. Ahora se fue a 233 pesos. Muchas familias, que asumían voluntariamente ese costo, han decidido descontárselo a la trabajadora. Lo mismo sucede con los cospeles: el empleador no está obligado a pagarlos, aunque muchos lo hacían igual. Ahora, deciden no cubrirlos más.
Siguen en la informalidad. Más del 70 por ciento de las trabajadoras se desempeñan en la informalidad. La suba de costos y la complejidad del sistema atentan contra el espíritu de la ley, que es lograr que este sector, por lo general vulnerable, logre iguales derechos que los trabajadores bajo convenio. Muchas familias seguirán sin reglamentar a su personal, en especial en aquellos casos donde se desempeñen pocas horas a la semana.
